El Gobernador de Puerto Rico, Honorable Luis G. Fortuño en su mensaje al país sobre la situación económica de Puerto Rico, propuso incluir la imposición de un 5% de contribuciones a las cooperativas financieras y del sector de seguro cuyo ingreso neto exceda los $250,000.00.

El pasado martes 3 de marzo de 2009, el gobernador del gobierno de Puerto Rico, Honorable Luis G. Fortuño pronunció un mensaje al país sobre la situación económica de Puerto Rico y sus propuestas para el reestablecimiento sano de la economía nacional. Como parte de estas medidas extraordinarias se propuso por el ejecutivo la imposición de un 5% de contribuciones a las cooperativas financieras y del sector de seguro cuyo ingreso neto exceda los $250,000.00.

La Liga de Cooperativas como organismo cúpula del movimiento cooperativo puertorriqueño no fue consultada ni informada previamente, ni de forma alguna sobre la adopción de esta medida que afecta un pilar indiscutible de la fortaleza del modelo en Puerto Rico. La propuesta causó desconcierto a nuestros representantes toda vez que en distintos foros se había garantizado el respeto de este beneficio estatutario del movimiento cooperativo. Nuestra Junta de Directores acordó hacer valer la disposición reglamentaria de nuestra institución que nos impone el deber ineludible de defender el Movimiento Cooperativo de legislación que pudiera afectarle.

Esta intervención, con la exención contributiva de las cooperativas conquistada gradualmente en nuestro ordenamiento jurídico desde 1946, va mucho más allá del impacto económico real que la medida adoptada pueda significar para las cooperativas afectadas. Constituye una falta de conocimiento sobre la naturaleza y el quehacer cooperativo y un enorme paso atrás en nuestras principales conquistas. Por otro lado, el ignorar al principal instrumento representativo del movimiento en la discusión de esta gestión gubernamental constituye un precedente peligroso que no podemos dejar de advertir.

En nuestra institución, sabíamos que la exención podía ser trastocada como ocurrió al inicio del cuatrienio pasado, que tuvimos que trabajar para detenerla y lo logramos con éxito. Por eso, desde hace un año y medio iniciamos el Proyecto de Investigación sobre la responsabilidad social cooperativa y nos encontramos inmersos en el proceso de distribuir el instrumento de medición que facilitara una defensa más contundente de este incentivo. En ese esfuerzo, nuestro empeño ha estado basado en aceptar el reto de que nos pidan cuentas para evidenciar cuanta labor hemos realizado generando actividad económica con impacto social y creando empleos.

Estamos dedicando esfuerzos sobre el particular, estudiando el impacto que la medida pueda tener sobre las cooperativas afectadas, así como garantizar el carácter temporero de la imposición y la inclusión de nuestras instituciones cooperativas en los programas legislativos y administrativos para estimular la economía del país.